Para este sindicato, la autoridad del profesor es un componente básico de la relación educativa porque proviene de la responsabilidad que el docente tiene sobre sus alumnos. La protección jurídica de los profesores ante las agresiones y ante cualquier situación de violencia en las aulas debería ser un principio básico en una sociedad que garantiza los derechos de sus ciudadanos.
En su contra se ha argumentado que existen ya instrucciones del Fiscal General del Estado y una disposición sobre la autoridad de los funcionarios en el Código Penal. "Pues bien, estas medidas no han garantizado hasta ahora una protección suficiente para los docentes, como a diario la realidad de las aulas se empeña en demostrar", dicen en ANPE. "De hecho, las medidas de apoyo al profesorado contenidas en la vigente ley de educación no están desarrolladas, ni tampoco hay un estatuto docente, promesa electoral incumplida hasta ahora en las dos últimas legislaturas".
El sindicato del profesorado cree que "las medidas de apoyo al profesorado que contiene la LOE son pura demagogia en el momento actual; el profesorado se las ve y se las desea para dar clase con normalidad, solventando los problemas de convivencia en los centros, con alumnos que le impiden realizar su tarea, mientras que la gran mayoría de alumnos, que quiere aprender, ve cercenado su derecho a la educación".